LA GESTIÓ SOCIAL DE L'AIGUA PER A EU

Pel seu interés, en tractar aspectes que es refereixen al transvasament del Xúquer, transcrivim el document polític elaborat per IU-federal sobre la gestió social de l'aigua:

POR UN ACUERDO ESTATAL DEL AGUA COMO BIEN PÚBLICO, QUE EVITE EL
ENFRENTAMIENTO ENTRE REGIONES Y LA UTILIZACIÓN POLÍTICA COYUNTURAL DE
UN BIEN VITAL PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Después de la derogación del trasvase del Ebro, es hora de dar un giro radical a la política del agua que, partiendo de la implantación de la Directiva Marco Europea de Aguas, suponga acomodar la legislación y las estructuras de gestión del agua a una nueva etapa en la que prime la gestión del recurso, bajo premisas de eficacia, eficiencia, sostenibilidad, transparencia y participación social.
El proceso de reforma de los diferentes estatutos de autonomía está volviendo a reabrir debates sobre el uso y “propiedad” de las aguas que, a nuestro modo de ver, ponen de manifiesto la necesidad de definir una política de gestión del agua que, desde la izquierda alternativa y transformadora, debe considerar el agua como bien público y exigir la gestión social del agua.
También coincide el momento con la revisión de todos los Planes de Cuenca y, por consiguiente, cuando se está produciendo un intenso trabajo en materia de planificación hidrológica. La revisión de los actuales planes de cuenca y su adaptación a la Directiva Marco de Agua, actualmente en curso, debe guiarse por el nuevo modelo de gestión que propugnamos.
Es, en definitiva, un momento en el que Izquierda Unida expresa su posición y aporta su propuesta política al debate. Izquierda Unida considera superados los planteamientos originales de aquellos Planes Hidrológicos Nacionales que, promovidos tanto por PSOE como por PP, se limitaban a atender las demandas y aumentar la oferta de agua poniendo a disposición de las actividades productivas y especulativas, sin distinción, los caudales necesarios. Es necesario y urgente reorientar la política hidráulica con los nuevos parámetros que marcan las directivas comunitarias, la sostenibilidad del Planeta y los criterios de la nueva
cultura del agua.
La izquierda progresista, alternativa y transformadora debe defender una política hidraúlica capaz de conjugar los diversos intereses sociales y ambientales en torno al agua, y debe hacerlo teniendo en cuenta, además, los legítimos intereses que suponen la satisfacción de las necesidades reales de desarrollo socio‐económico sostenible, lejos del modelo económico y urbanístico depredador y especulativo que conocemos. Debe, igualmente, defender, con criterios de sostenibilidad, la satisfacción de las necesidades básicas para la población.

La nueva gestión social del agua que defiende Izquierda Unida se apoya en las siguientes premisas fundamentales:

− EL AGUA COMO BIEN PÚBLICO:
Evitando la privatización de la gestión del recurso en cualquiera de las fases del ciclo integral del agua. Debemos esforzarnos en evitar la privatización de los abastecimientos y también del saneamiento y depuración. Igualmente debemos considerar como públicos los caudales que, una vez depurados, vuelven a los cauces fluviales.

− AGUA PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN:
De calidad y con garantía de suministro para el abastecimiento de la población. Garantizando el mínimo vital reconocido de 90 litros/día/habitante.

− AGUA PARA PRESERVAR LOS ECOSISTEMAS:
Considerando los requerimientos de los ecosistemas, los caudales ambientales y las necesidades de calidad de las aguas subterráneas, superficiales, marinas y las costeras de transición como un derecho social que los poderes públicos deben garantizar y satisfacer.

− AGUA PARA EL DESARRROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE:
Garantizando la creación de riqueza social, planificada democráticamente y utilizando el agua con criterios de eficacia, eficiencia, racionalidad y sostenibilidad, tanto en la industria como en la agricultura.
Todo ello con la aplicación de una legislación avanzada que proteja este bien público y con una gestión participativa que involucre a la sociedad en el control del recurso. Con una revisión de la actual Ley de Aguas que profundice en los aspectos más protectores del recurso, hagan más participativa su gestión y potencien más el control público.
Con unos organismos de cuenca que sirvan a estos fines y que supongan un avance hacía un modelo federal de su control con una mayor participación en su gestión de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos y de la ciudadanía por medio de sus organizaciones sociales. Siguiendo unos principios de servicio público que eviten la privatización de su gestión y el control por el sector privado del ciclo integral del agua.

Aplicando criterios de recuperación de costes, pero teniendo en cuenta quién obtiene mayor valor añadido al recurso y favoreciendo que las capas más desprotegidas de la sociedad accedan al recurso (mínimo vital a precio tasado, con aportación pública).
Apostamos por un acuerdo estatal del agua que parta de la formación de una MESA DEL AGUA, en la que además de usuarios y fuerzas políticas estén presentes las comunidades autónomas, los Municipios, los Agentes sociales y el tejido social implicado en la problemática de la gestión del agua.
Reclamamos la necesidad de constituir una MESA DEL AGUA para poner en común las necesidades existentes, la respuesta más adecuada y un diagnostico único de los recursos y de la demanda. Es necesario e imprescindible que entre todos seamos capaces de aunar posiciones que superen la problemática hídrica nacional y encontrar respuestas consensuadas entre las diferentes regiones para evitar, por un lado, utilizaciones políticas de las problemáticas concretas de cada zona o Comunidad Autónoma que impiden llegar a soluciones objetivas y tendentes a satisfacer el interés general de la ciudadanía, y por otro, los enfrentamientos entre diferentes regiones de nuestro país por un bien público tan necesario y vital como es el agua.
Exigimos de la administración central que asuma la responsabilidad de su competencia en materia de planificación hidrológica, para, mediante el acuerdo que se alcance, garantizar los instrumentos necesarios que aseguren el desarrollo sostenible en lo económico, social, medioambiental e, incluso, cultural, de los territorios implicados.

Para Izquierda Unida las claves a incluir en el futuro Acuerdo Estatal del Agua son:

1.‐ La asunción de nuevos criterios de racionalidad económica, priorizando estrategias de gestión de la demanda sobre las tradicionales estrategias basadas en la oferta del recurso. Llevar a cabo políticas de agua comprometidas con el ahorro, revisar el sistema tradicional de concesiones, la eliminación de pérdidas en la distribución y la reutilización de aguas depuradas. Apostar por una desalación responsable, ligada a la satisfacción de las necesidades reales de la sociedad y respetuosa con el medio natural.

2.‐ Un modelo económico agrario y social que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Potenciación y recuperación de los cultivos tradicionales.

3.‐ La recuperación y conservación del buen estado ecológico de lagos, humedales, ríos, deltas, estuarios, así como de las aguas subterráneas y plataformas litorales.

4.‐ Establecer, con prioridad a cualquier nueva decisión sobre planificación hidrológica, las reservas estratégicas oportunas en cada cabecera de cuenca para garantizar, bajo la premisa de la sostenibilidad, el desarrollo económico, social y ambiental en cada territorio.